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En el ámbito laboral, es común que surjan situaciones tensas entre personas trabajadoras y empresas respecto a la terminación de un contrato. Una de las más frecuentes es la solicitud de un trabajador para que su salida se formalice de manera que pueda acceder a las prestaciones por desempleo, aunque en realidad su intención sea una renuncia voluntaria. Sin embargo, lo que puede parecer una solución sencilla, en realidad, puede acarrear graves consecuencias legales para ambas partes.
En el siguiente artículo quiero alertar de los riesgos legales que enfrentan tanto las personas trabajadoras como las empresas al participar, de forma directa o indirecta, en prácticas que puedan ser consideradas un fraude de ley.
Tabla de contenidos
¿Qué significa forzar un despido para cobrar el paro?
En términos simples, se refiere a situaciones en las que un trabajador busca provocar un despido disciplinario para justificar el acceso a prestaciones por desempleo, evitando que la causa real, como una renuncia voluntaria, lo deje sin derecho al paro. Esto puede incluir conductas como ausencias injustificadas, bajo rendimiento deliberado, o incluso acuerdos explícitos entre empleado y empleador.
Las consecuencias para las personas trabajadoras
Un ejemplo reciente, analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pone de manifiesto las implicaciones legales de este tipo de conductas:
- El caso: Una trabajadora acumuló faltas injustificadas para provocar su despido disciplinario. Posteriormente, accedió a 770 días de prestación por desempleo, lo que equivale a más de 4.000 euros. Sin embargo, tras una investigación, se determinó que su actuación constituía un fraude de ley.
- El resultado: El tribunal revocó el acceso al paro y condenó a la trabajadora a devolver todo el dinero percibido. Además, dejó claro que su verdadera intención era una renuncia voluntaria disfrazada de despido.
Este caso deja en evidencia que forzar un despido de forma deliberada para acceder al paro puede tener consecuencias graves, como:
- Pérdida del derecho al desempleo: Si se demuestra el fraude, el SEPE puede revocar la prestación.
- Devolución de prestaciones percibidas: En casos de fraude comprobado, el trabajador puede ser obligado a reintegrar todo el dinero recibido.
- Impacto en la reputación profesional: Este tipo de prácticas puede dejar un antecedente negativo que afecte futuras relaciones laborales.
Los riesgos para las empresas
Para las organizaciones, aceptar este tipo de acuerdos o ignorar conductas que buscan forzar un despido también puede derivar en problemas legales y reputacionales. Entre los riesgos más destacados están:
- Complicaciones legales: Participar en un acuerdo que simula una causa de despido puede ser considerado una infracción grave de la normativa laboral.
- Investigaciones por fraude: El SEPE y otros organismos pueden abrir investigaciones si sospechan que la empresa actuó en connivencia con el trabajador.
- Pérdida de credibilidad: Ceder a este tipo de prácticas puede afectar la percepción interna y externa de la empresa como una organización ética.
¿Cómo evitar estas situaciones?
Para personas trabajadoras
- Evalúa tus opciones: Si estás considerando salir de tu empresa, es mejor buscar alternativas legales y transparentes.
- Consulta con un asesor laboral: Antes de tomar decisiones que puedan implicar riesgos legales, busca orientación profesional.
- Respeta tus obligaciones laborales: Provocar incumplimientos deliberados puede parecer una salida rápida, pero puede salir caro a largo plazo.
Para empresas
- Di “no” a acuerdos irregulares: Aunque pueda parecer una solución sencilla, aceptar este tipo de prácticas pone en riesgo a la organización.
- Documenta los incumplimientos: Mantén registros detallados de cualquier falta laboral para respaldar decisiones disciplinarias legítimas.
- Busca asesoría legal: Contar con el apoyo de un abogado laboralista te ayudará a manejar estas situaciones de manera adecuada.
En conclusión, forzar un despido para acceder a la prestación por desempleo es una práctica que no beneficia a ninguna de las partes. Las personas trabajadoras se arriesgan a perder prestaciones y tener que hacer frente a sanciones económicas, mientras que las empresas pueden comprometer su reputación y sus valores éticos.
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