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En el ámbito laboral, es común que surjan situaciones tensas entre personas trabajadoras y empresas respecto a la terminación de un contrato. Una de las más frecuentes es la solicitud de un trabajador para que su salida se formalice de manera que pueda acceder a las prestaciones por desempleo, aunque en realidad su intención sea una renuncia voluntaria. Sin embargo, lo que puede parecer una solución sencilla, en realidad, puede acarrear graves consecuencias legales para ambas partes.
En el siguiente artículo quiero alertar de los riesgos legales que enfrentan tanto las personas trabajadoras como las empresas al participar, de forma directa o indirecta, en prácticas que puedan ser consideradas un fraude de ley.
En términos simples, se refiere a situaciones en las que un trabajador busca provocar un despido disciplinario para justificar el acceso a prestaciones por desempleo, evitando que la causa real, como una renuncia voluntaria, lo deje sin derecho al paro. Esto puede incluir conductas como ausencias injustificadas, bajo rendimiento deliberado, o incluso acuerdos explícitos entre empleado y empleador.
Un ejemplo reciente, analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pone de manifiesto las implicaciones legales de este tipo de conductas:
Este caso deja en evidencia que forzar un despido de forma deliberada para acceder al paro puede tener consecuencias graves, como:
Para las organizaciones, aceptar este tipo de acuerdos o ignorar conductas que buscan forzar un despido también puede derivar en problemas legales y reputacionales. Entre los riesgos más destacados están:
En conclusión, forzar un despido para acceder a la prestación por desempleo es una práctica que no beneficia a ninguna de las partes. Las personas trabajadoras se arriesgan a perder prestaciones y tener que hacer frente a sanciones económicas, mientras que las empresas pueden comprometer su reputación y sus valores éticos.
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