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El cumplimiento normativo en el entorno empresarial español no es una cuestión opcional. La legislación vigente impone a las organizaciones —con independencia de su tamaño o sector— una serie de obligaciones formativas que deben integrarse de forma estructurada en el plan anual de formación.
En 2025, estas obligaciones se han reforzado y diversificado, afectando tanto a las empresas de 50 o más empleados, como a las de menor tamaño, e incorporando requisitos específicos para sectores como la alimentación, el financiero o el tecnológico.
A continuación, se detallan las principales formaciones obligatorias agrupadas por criterio de aplicación: tamaño de empresa, ámbito general, y sectorial.
Las empresas con una plantilla igual o superior a 50 personas trabajadoras están sujetas a una serie de formaciones obligatorias en 2025, establecidas por diversas normativas que buscan garantizar entornos laborales equitativos, seguros e inclusivos. Estas formaciones deben integrarse de manera sistemática en el plan anual de formación de la empresa y estar debidamente documentadas para su trazabilidad y cumplimiento legal.
Normativa aplicable: Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro; y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ya desde el año 2020, las empresas de 50 o más empleados están obligadas a elaborar e implementar un Plan de Igualdad, que debe ser registrado oficialmente. Como hemos comentado en otros artículos, este plan debe incluir medidas específicas para promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como acciones formativas dirigidas a toda la plantilla, incluyendo directivos y responsables de recursos humanos.
La formación en igualdad de género debe abordar aspectos como la prevención de la discriminación, la promoción de la igualdad de oportunidades, el lenguaje inclusivo y la sensibilización sobre estereotipos de género. Además, debe adaptarse al sector de actividad de la empresa y actualizarse periódicamente para reflejar cambios legislativos o sociales relevantes.
Normativa aplicable: Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Esta ley establece la obligación para todas las empresas de contar con un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. En el caso de las empresas con más de 50 empleados, esta formación debe integrarse dentro del Plan de Igualdad y dirigirse a toda la plantilla.
La formación debe proporcionar herramientas para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de acoso, fomentando un entorno laboral respetuoso y seguro. Asimismo, debe incluir información sobre los canales de denuncia disponibles y las garantías de confidencialidad y protección para las personas afectadas. En nuestro artículo Formación obligatoria en el Protocolo de Acoso: lo que tu empresa debería saber profundizamos en los contenidos mínimos y cómo debe impartirse esta formación.
Normativa aplicable: Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI; y Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla la formación obligatoria en materia LGTBI en el ámbito laboral.
Las empresas con 50 o más empleados deben implementar medidas para garantizar la igualdad y no discriminación hacia las personas LGTBI. Esto incluye la obligación de impartir formación específica sobre diversidad sexual, identidad de género y derechos laborales del colectivo LGTBIQ+.
La formación debe dirigirse a toda la plantilla, con especial atención a cargos directivos y mandos intermedios, y abordar temas como la prevención de la LGTBIfobia, la promoción de entornos laborales inclusivos y la implementación de protocolos frente al acoso y la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Normativa aplicable: Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Desde 2023, las empresas con 50 o más empleados están obligadas a disponer de un canal interno de denuncias que permita a las personas trabajadoras informar sobre infracciones normativas de manera confidencial y segura.
Es imprescindible formar al personal encargado de gestionar este canal en aspectos como la normativa aplicable, los procedimientos de investigación, la protección de los denunciantes y la confidencialidad de la información. Además, toda la plantilla debe recibir información sobre el funcionamiento del canal, los derechos y garantías asociados, y los procedimientos para presentar una denuncia.
Existen determinadas materias cuya formación es exigible a todas las empresas, sin excepción, desde el momento en que inician su actividad y contratan a su primer trabajador. No se trata de requisitos sectoriales ni ligados al número de personas en plantilla: son obligaciones generales que derivan del marco normativo básico en materia laboral, de seguridad, de protección de datos y de derechos fundamentales.
Este tipo de formaciones obligatorias deben integrarse en la política de prevención de la empresa y mantenerse actualizada, tanto en contenido como en formato, a lo largo del tiempo. Su correcta ejecución no solo evita sanciones, sino que refuerza la seguridad jurídica de la organización y su cultura corporativa.
La formación en prevención de riesgos laborales es el primer pilar formativo que toda empresa debe asegurar. Debe impartirse a cada persona trabajadora desde el inicio de su relación laboral y adaptarse a los riesgos específicos asociados a su puesto.
No basta con una sesión generalista o un documento de bienvenida: es necesario que la formación sea concreta, vinculada al entorno de trabajo real, e incluya medidas de protección, procedimientos de actuación ante emergencias y buenas prácticas en el uso de herramientas o maquinaria.
Esta formación debe actualizarse siempre que cambien las condiciones de trabajo (nuevas tecnologías, productos, procesos), o cuando se detecten deficiencias en su aplicación. Además, su impartición debe estar documentada y respaldada por contenidos homologables en caso de inspección.
Cualquier empresa que maneje datos personales —ya sea de empleados, candidatos, clientes, pacientes o proveedores— está obligada a formar a las personas con acceso a esa información en los principios y obligaciones derivados de la normativa de protección de datos.
Esta formación debe ser proporcionada de manera previa o simultánea al inicio de sus funciones, y debe cubrir temas como: licitud del tratamiento, confidencialidad, acceso autorizado, ejercicio de derechos y protocolos ante incidencias de seguridad.
En muchos casos, esta formación se limita a un anexo contractual o a un manual interno sin formación efectiva. Esta práctica puede suponer un riesgo relevante, ya que una deficiencia formativa en protección de datos es considerada agravante en caso de infracción.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, todas las empresas —sin importar su plantilla— deben contar con medidas preventivas frente al acoso sexual y por razón de sexo. Una de esas medidas clave es la formación.
Esta formación debe estar orientada a que las personas trabajadoras puedan identificar situaciones de riesgo, conocer los mecanismos de denuncia internos, entender el alcance de la protección legal y prevenir la normalización de comportamientos inadecuados en el entorno de trabajo.
Es especialmente recomendable formar de manera diferenciada a mandos intermedios y a las personas encargadas de aplicar los protocolos, ya que de su correcta actuación depende en gran parte la eficacia de las medidas adoptadas.
Consulta nuestro catálogo formativo por temáticas.
Al margen de las formaciones comunes que toda empresa debe garantizar, existen sectores en los que la normativa impone obligaciones formativas adicionales debido a la naturaleza de su actividad. Estas formaciones específicas tienen como finalidad minimizar riesgos, asegurar la calidad del servicio y cumplir con regulaciones técnicas, sanitarias o de seguridad que resultan críticas en su ámbito de aplicación.
A continuación, se presentan los sectores en los que la formación obligatoria tiene un peso especialmente relevante y forma parte inseparable de la operativa diaria.
En el sector alimentario y de la restauración, la formación en seguridad alimentaria no es una recomendación, sino una exigencia. Todo el personal que intervenga en la preparación, manipulación o servicio de alimentos debe recibir formación específica antes de iniciar su actividad.
Además de los contenidos básicos en higiene alimentaria, conservación y control de temperaturas, cada vez es más común exigir formación sobre gestión de alérgenos, control de trazabilidad y medidas preventivas frente al desperdicio alimentario. Este último aspecto se refuerza a partir de 2025 con la entrada en vigor de la Ley 1/2025, que obliga a formar al personal en prácticas que reduzcan las pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena de suministro.
Las entidades que operan en el ámbito financiero o asegurador tienen la obligación de formar a su personal en cumplimiento normativo, especialmente en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta formación debe actualizarse de forma periódica, ya que la normativa que regula estas actividades es dinámica y altamente supervisada.
Adicionalmente, los perfiles que comercializan productos financieros o asesoramiento deben estar acreditados para ello, lo que implica superar formaciones específicas reconocidas por los organismos de supervisión.
En el ámbito sanitario, la formación continuada no solo es una obligación legal en muchos casos, sino también una exigencia deontológica. Los profesionales deben mantener actualizados sus conocimientos técnicos, pero también deben recibir formación sobre aspectos transversales como protección de datos de salud, gestión del consentimiento informado y seguridad del paciente.
Además, es imprescindible formar al personal en la prevención de riesgos específicos del entorno clínico: exposición biológica, gestión de residuos sanitarios o protocolos ante incidentes críticos.
Las organizaciones que operan en el entorno digital —ya sean proveedoras de servicios tecnológicos o usuarias intensivas de herramientas TIC— deben garantizar que su plantilla está preparada para gestionar los riesgos vinculados a la información y al uso de datos.
En este contexto, la formación en ciberseguridad, protección de datos y prevención de accesos no autorizados es cada vez más demandada por normativa y por exigencias contractuales (en licitaciones, auditorías o certificaciones ISO). Igualmente, cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial, se recomienda formar al personal en su uso ético, explicabilidad de algoritmos y marco regulatorio europeo aplicable.
En el sector del transporte, las obligaciones formativas varían en función del tipo de mercancía o servicio. Así, por ejemplo, los conductores profesionales deben obtener y renovar periódicamente el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), mientras que quienes transportan mercancías peligrosas deben contar con formación ADR.
Además, es imprescindible asegurar que toda la cadena operativa —desde almacén hasta distribución— esté formada en prevención de riesgos específicos, manipulación de cargas, seguridad vial y gestión de documentación.
Más allá de las obligaciones impuestas por el marco normativo, existen formaciones que, aunque no sean exigibles por ley, están siendo incorporadas de forma sistemática por empresas que apuestan por un desarrollo organizativo sostenible, por el crecimiento del talento interno y por reforzar sus políticas de buen gobierno.
Estas acciones no solo preparan a la plantilla ante retos emergentes, sino que posicionan a la organización como un entorno moderno, seguro y competitivo. A continuación, detallamos las más demandadas actualmente y que, en muchos casos, pueden anticipar futuras obligaciones normativas o sectoriales.
El impacto de la inteligencia artificial en el entorno laboral es ya una realidad. Lejos de ser un conocimiento exclusivo de perfiles técnicos, se está incorporando en áreas tan diversas como atención al cliente, análisis de datos, producción industrial, logística o selección de personal.
La formación en IA aplicada permite que cada persona trabajadora conozca qué herramientas puede utilizar, cómo interpretar sus resultados y qué límites éticos o legales deben respetarse. En empresas que están empezando a introducir automatización o analítica avanzada, esta formación es esencial para reducir resistencias internas y asegurar un uso responsable.
En AdelantTa desarrollamos contenidos específicos por sector, abordando casos reales y orientando la formación tanto a operativos como a personal de dirección o áreas funcionales.
La evolución de los modelos de trabajo, la digitalización y el contexto postpandemia han hecho que competencias como la comunicación, la gestión emocional o el liderazgo transformacional pasen de ser un valor añadido a convertirse en una necesidad operativa.
Invertir en formación en habilidades interpersonales no solo mejora el desempeño, sino que tiene un impacto directo en la cohesión de los equipos, la retención del talento y la gestión eficaz del cambio. Las empresas que integran este tipo de formación de forma continua consiguen reducir los conflictos internos, mejorar el compromiso y aumentar la autonomía del personal.
Además, en estructuras matriciales o con gestión remota, el desarrollo de habilidades como la coordinación entre áreas, la gestión por objetivos o la influencia no jerárquica es especialmente crítico.
En un contexto en el que las organizaciones están cada vez más expuestas a auditorías, fiscalización pública y evaluación de riesgos reputacionales, la formación en cumplimiento normativo ha adquirido un papel central.
Los programas de compliance legal permiten formar a la plantilla en materias como prevención penal, conflictos de interés, contratación pública, normativa sectorial o transparencia. A esto se suma el desarrollo de una cultura ética transversal, que refuerza la toma de decisiones responsables en todos los niveles de la organización.
Este tipo de formación, cuando se integra dentro del sistema de gestión, permite además responder con solvencia ante inspecciones, certificaciones o licitaciones donde se evalúa el compromiso ético y el cumplimiento regulatorio.
Aunque todavía no todas las empresas están obligadas por ley a formar en sostenibilidad, cada vez son más las que lo hacen de forma voluntaria —o en cumplimiento de compromisos con clientes, inversores o certificaciones ambientales—.
Las temáticas más solicitadas incluyen: objetivos de desarrollo sostenible (ODS), eficiencia energética, economía circular, gestión responsable de residuos o consumo consciente. Incorporar esta formación en el itinerario formativo de la plantilla mejora la percepción externa de la marca y permite consolidar prácticas internas alineadas con los criterios ESG.
Estas acciones, además de generar valor organizativo, son bonificables a través de Fundae si se gestionan correctamente. Si quieres conocer cómo hacerlo y asegurar que tu empresa aprovecha al máximo esta vía de financiación, te invitamos a revisar nuestro análisis sobre este tema: Cómo aprovechar la formación bonificada en empresas: claves del informe Fundae
Más allá de un cumplimiento normativo, la formación en la empresa es claramente una oportunidad para reforzar la cultura corporativa, reducir riesgos operativos y demostrar el compromiso de la organización con su equipo y su entorno. En AdelantTa diseñamos e implantamos planes de formación a medida, garantizando su adecuación normativa, la trazabilidad documental y la posibilidad de bonificación a través de Fundae. Si necesitas apoyo para evaluar tus necesidades formativas, actualizar contenidos o asegurar el cumplimiento ante inspección, puedes contactarnos en contacto@adelantta.es o llamarnos al 91 591 71 14. Estaremos encantados de ayudarte a avanzar.
